Ley sobre los Estados de Excepción: una norma inconstitucional

junio 13, 2020

De ahí que la autorización de la solicitud de declaratoria de Estado de Excepción que realice el Congreso Nacional debería ser emitida mediante ley orgánica aprobatoria, en vez de, resolución aprobatoria.

La Ley No. 21-18, que regula los Estados de Excepción, es una norma que en el contexto de situaciones constitucionalmente anormales tiene entre sus objetivos la regulación de los derechos y garantías fundamentales.

Partiendo de que en esta ley se regulan los derechos constitucionales, el primer “test” que debe pasar la norma es el de la interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales de acuerdo al procedimiento preceptivo de la propia Constitución.

El Artículo 74 numeral 2 de la Constitución prevé que sólo por ley, en los casos permitidos por la Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad.

La doctrina ha enjuiciado que esta reserva de ley debe entenderse en sentido estricto; esto es, referida exclusivamente a la ley emanada del Congreso Nacional, y no a cualquier otra norma con fuerza de ley. Así se deduce tanto de la expresa y sola referencia a la “ley”, como del espíritu restrictivo del inciso: incluso la ley sólo puede completar o desarrollar la regulación constitucional cuando la norma suprema así lo permita (Pedro González-Trevijano, p. 427).

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